La juez del “Caso Aerolíneas” pide a Hacienda que investigue las cuentas de Air Comet

El juzgado de instrucción número 35 de Madrid, a instancias del abogado del Estado, ha remitido un oficio a la Agencia Tributaria para que informe sobre las cuentas y declaraciones de impuestos de la sociedad Air Comet, propiedad del grupo Marsans y del presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata. Este oficio, al que tuvo acceso Europa Press, se incluye en el proceso que se instruye en Madrid por un presunto delito de apropiación indebida de fondos públicos por parte de la sociedad Air Comet por un importe de hasta 246 millones de dólares (204 millones de euros) procedentes de las aportaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para el pago de pasivos de Aerolíneas Argentinas, propiedad de Air Comet tras su privatización y compra en octubre de 2001. En concreto, y a instancias de la Abogacía del Estado, la juez instructora pidió el pasado 31 de julio a la Agencia Tributaria la designación de una terna de peritos con el objetivo de que emitan un informe sobre las cuentas y declaraciones de impuestos de sociedades correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002 de la sociedad Air Comet. En el proceso, que aún se encuentra en fase de diligencias previas, han declarado ya como imputados los copropietarios del Grupo Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, así como el presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, por presuntos delitos de apropiación indebida, delito fiscal y supuesta falsedad documental en las cuentas anuales de Air Comet. Además, la acusación particular ha pedido a la juez que cite a declarar al ex presidente de la SEPI Ignacio Ruiz Jarabo, así como a los todavía empleados del holding público Juan Antonio Gurbindo y Juan Massó Garolera. Según explicó a Europa Press el letrado de la acusación particular, Rafael Caro Moya, esta petición de comparecencia está vinculada a la supuesta aparición de ‘dos contratos paralelos’ de compraventa de Aerolíneas Argentinas. DOS CONTRATOS. En concreto, y según un escrito remitido por este letrado a la juez, la acusación denuncia que al margen del contrato de compraventa de Aerolíneas Argentinas elevado a público el 15 de octubre de 2001, previa aprobación del Consejo de Ministros, ‘existe otro contrato privado firmado entre Interinvest y SEPI con fecha del mismo 15 de octubre de 2001, que no consta elevado a público, no consta legalizadas las firmas y no consta aprobado por órgano administrativo-político alguno y ni siquiera consta la firma del entonces presidente de la SEPI’, Ignacio Ruíz Jarabo. Este segundo contrato tan sólo lo firman Juan Gurbindo en representación de Interinvest y Juan Massó Garolera, en representación de la SEPI. Según el escrito de la acusación a la juez, al que tuvo acceso Europa Press, este segundo contrato ‘contradice todos los términos del contrato aprobado por el consejo de ministros’. Según el abogado, en el contrato aprobado por el Consejo de Ministros y elevado a público se aprueba destinar 300 millones de dólares de la SEPI para el pago de una serie de pasivos que figuran en la propia escritura, mientras que en el segundo contrato el destino de los 300 millones de dólares no es el pago de pasivos sino ‘la adquisición de créditos, que se detallan en un anexo al contrato’. Significativamente, según la acusación, ‘la lista de pasivos que consta en la escritura del contrato (y que se pagaban con los 300 millones que aporta la SEPI), y en el contrato privado son los mismos’. PRESUNTA COMPRA DE CREDITOS. Tal y como se recoge en la denuncia, presentada por el abogado español Rafael Caro Moya en representación de miembros del equipo de interventores judiciales del concurso de acreedores de AA, los presuntos delitos tuvieron lugar en diciembre de 2002, fecha del concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas. Air Comet habría hecho entonces figurar en su favor unas deudas ya canceladas por la SEPI en el marco de sus aportaciones para la reducción de deuda de la compañía y su reflotamiento. Los créditos fueron aportados por la SEPI en diciembre de 2001 para el pago de deudas a las entidades financieras BBVA, ABN Amro y Citibank (190 millones de dólares). A esta deuda hay que sumar otra por valor de 56 millones de dólares a favor de Repsol YPF, sumando entre ambas la cantidad de 246 millones de dólares. Aunque estos créditos fueron cancelados directamente por la SEPI a través de Interinvest, sociedad titular de Aerolíneas Argentinas, la denuncia constata que estos pasivos habrían sido subrogados a favor de Air Comet, pese a que en el contrato de compraventa de la compañía aérea ‘se estipula que no podrá realizarse subrogación de los créditos cancelados’, explica la acusación. Estas compras de créditos ‘fueron simuladas’ ya que esos derechos crediticios fueron liquidados con anterioridad a las subrogaciones mediante pagos de la SEPI. Esta operación, con la que Air Comet y la sociedad Royal Romana Playa -supuestamente vinculada a Antonio Mata- habrían adquirido el 90% de las deudas presentadas al concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas de diciembre de 2002, se habría realizado para controlar la mayoría de los derechos de voto en este concurso, que terminó con una quita del 60% de la deuda ‘con perjuicio de los restantes acreedores y de accionistas minoritarios’. Según la acusación, actualmente figuran como acreedores en el expediente de suspensión de pagos las sociedades Royal Romana Playa y Air Comet por la cantidad de dichos créditos subrogados menos la quita correspondiente, pese a haberse cancelado anteriormente dichos créditos’. Fuente: http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/caso_aerolineas_agencia_tributaria_air_490055.htm