La disputa entre el Gobierno y Aerolíneas por los balances de la compañía sumó ayer un nuevo capítulo. El Estado nacional demandó a la firma, de la que es accionista minoritario, “con el objeto de preservar sus propios intereses, y resguardar los de la sociedad y los trabajadores”, según fuentes oficiales.
Voceros de la aérea, controlada por la sociedad Interinvest, del grupo español Marsans, se excusaron ayer de opinar, debido a que no habían recibido ninguna notificación oficial.
A través de una nota firmada por la abogada Ana María Bassi en carácter de apoderada, el Estado solicitó, el martes pasado, que se declare la nulidad absoluta de la última asamblea de la compañía, realizada el 23 de junio, y la no validez de las decisiones aprobadas. El texto fue presentado al Juzgado en lo Comercial Nº 15, Secretaría Nº 29, a cargo de Norma Di Notto.
En esa fecha, la resolución asamblearia había aprobado el balance del año 2004, con la ausencia del representante del Estado, que es dueño del 1,34% del paquete de Aerolíneas.
Ahora, el Estado pide la impugnación de esa decisión, apoyándose en la resolución de nulidad de la asamblea del Inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, así como en que la empresa tampoco tiene aprobados los balances 2002 y 2003, “de los que deriva el de 2004”. Sin el visto bueno del Estado, la compañía no puede concretar su proyecto de salir a Bolsa.
De acuerdo con la nota, el Estado también solicitará “se oficie mediante exhorto diplomático” al Juzgado de Instrucción Nº 35 de Madrid, España, donde tramita la causa “Royal Romana Playa”. Según la nota, el aporte de documentación de esa causa demostraría que los pasivos registrados en el balance 2002 de Aerolíneas a favor de Air Comet ya estaban extinguidos, ya que “quien pagó esos pasivos fue Interinvest con fondos dados por la SEPI” (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
En España
Según publicó la agencia Europa Press, ese juzgado español le solicitó a la Agencia Tributaria de su país “que informe sobre las cuentas y declaraciones de impuestos de la sociedad Air Comet, del grupo Marsans y del titular de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata”.
El requerimiento, según la agencia, se incluye en el proceso que se lleva a cabo en Madrid “por un presunto delito de apropiación indebida de fondos públicos por parte de Air Comet, por hasta 246 millones de dólares procedentes de las aportaciones de la SEPI para el pago de pasivos de Aerolíneas”, propiedad de Air Comet tras su privatización y compra, en octubre de 2001.
En el proceso, aún en fase preliminar, ya habrían declarado como imputados los dueños de Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, y Mata, “por presuntos delitos de apropiación indebida, delito fiscal y supuesta falsedad documental en las cuentas anuales de Air Comet”, agrega Europa Press. En el proceso también se investiga la existencia de un contrato paralelo de compraventa, “firmado sólo por un miembro de Interinvest y otro de la SEPI”.
Fuente:
http://www.cronista.com/nota.asp?ID=74873
