Según publicó el Diario Hispanidad, justo cuando esperan ser reelegidos como vicepresidentes de la patronal española CEOE, la titular del Juzgado número 35 de Madrid deberá decidir si los propietarios del Grupo Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, imputados por el caso Aerolíneas Argentinas, pasan de su actual situación de libertad sin cargos a la de libertad condicional con fianza, mientras para su empleado, el primer ejecutivo de Aerolíneas, Antonio Mata, podría decretarse prisión provisional sin fianza. Los tres están imputados por los presuntos delitos de estafa procesal, falsedad documental, delito fiscal y apropiación indebida de fondos públicos (los del Tesoro español utilizados para reflotar Aerolíneas). Como había sido acordado por los presidentes José Luis Zapatero y Néstor Kirchner durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Salamanca, el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el secretario de Estado, asesor personal de Zapatero para asuntos Económicos, Miguel Sebastián, viajan esta semana a Buenos Aires para negociar con la Casa Rosada el futuro de la compañía de bandera argentina, donde el Tesoro público español ya ha perdido una cantidad próxima a los 3.000 millones de dólares. A mediados del pasado mes de enero, el Tribunal de Instrucción Nº 35 de Madrid, recibió una petición por parte de la acusación en la causa que se les sigue a Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz y Antonio Mata, por los presuntos delitos de estafa procesal, falsedad documental, delito fiscal y apropiación indebida de fondos públicos, en relación a la actuación del Grupo Marsans en el concurso de acreedores y la administración de Aerolíneas Argentinas, solicitando la modificación de la situación personal de los imputados, en la actualidad en libertad sin cargos, por la de prisión provisional sin fianza para Antonio Mata –dando su anterior condena en firme por alzamiento de bienes a seis meses y un día de prisión, más el riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia , en base a sus antecedentes para evitar comparecer y el mantener residencia en la Argentina-; y libertad condicional con fianza, para los restantes imputados Gonzalo Pascual Arias, Gerardo Díaz Ferrán y Juan Antonio Ruíz Espejo. Asimismo, se ha requerido ha dicho Tribunal, que de acuerdo a la responsabilidad civil en los hechos imputados de Air Comet SA., Interinvest SA. (ambas propiedad de Marsans), y Royal Romana Playa SA. (controlada por Antonio Mata), que las mencionadas sociedades presenten una fianza de 256 millones de dólares, para hacer frente al importe apropiado indebidamente de los dineros públicos españoles, sin excluir incrementar dicha suma según surja de las pericias a efectuar en la instrucción y, especialmente, al informe que debe presentar la Agencia Tributaria respecto del supuesto delito fiscal. Finalmente, se ha solicitado también, que se resuelva el embargo directo de los montos a favor de Air Comet SA, provenientes de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI); como de los importes existentes en una cuenta bancaria titularidad de Interinvest SA., radicada en el Deutsche Bank de Málaga. Los fundamentos de la querella para solicitar tan graves medidas procesales, se fundan en haberse acreditado fehacientemente, de acuerdo a lo certificado por el Juzgado Comercial Número 15 Secretaría 29, de Buenos Aires (Argentina), donde se tramita el Concurso de Acreedores de Aerolíneas Argentinas, que Air Comet cedió a Royal Romana Playa su crédito de 56 millones de dólares, a su vez subrogado o comprado a Repsol YPF, violando por otra parte el contrato de compraventa de Interinvest SA -dueña de Aerolíneas Argentinas SA y Austral S.A.-, suscrito con la SEPI, el cual impedía taxativamente la compra de los créditos de la concursada aerolínea de bandera Argentina, y no solamente los derechos de votos de Air Comet para que Royal Romana Playa vote en el Concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas. Tal como sostuvieron en sus declaraciones previas como imputados, los señores Pascual, Díaz y Mata. Es más, en la certificación remitida a la justicia española por la de Argentina, consta que Royal Romana Playa actuó en verdad como acreedora y no solo como votante, y que esa cesión de créditos era conocida por todos los imputados, puesto que aceptaron de manera expresa la misma, tanto como miembros del Directorio de Air Comet. como del de Aerolíneas Argentinas. Como si todo esto no fuera suficiente, para agravar mediante las nuevas evidencias acreditadas la situación judicial de Pascual, Díaz y Mata, la jueza de Buenos Aires notificó a su par de Madrid, que existen en sus expedientes judiciales (tomo 121) documentos adulterados y manipulados –sin acusar siquiera el sello de recepción de su juzgado- fechados el 11/10/02, donde Air Comet comunicaba que únicamente había cedido a Royal Romana Playa el derecho de ejercer el voto en el concurso de Aerolíneas Argentinas. Lo que ahora la justicia comercial Argentina certifica como falso. Este último hecho, de gravedad máxima, por estar dirigido a engañar a la justicia de España, constituye por sí mismo un nuevo delito de estafa procesal, el cual se agrega a los ya investigados contra los imputados por la justicia española. Sobre el mismo, deberán resolver tanto el Tribunal de Instrucción 35 de Madrid, como el Comercial 15 de Buenos Aires.
COMPARTIR

ARTÍCULOS RELACIONADOS