El Pleno del Tribunal de Cuentas acaba de aprobar y remitir al Parlamento el informe definitivo de fiscalización de las operaciones realizadas por el sector público español en relación con la compañía Aerolíneas Argentinas. En unas contundendes conclusiones, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas traslada a la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas una relación de supuestas irregularidades cometidas en el proceso posterior a la venta de Aerolíneas Argentinas por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) a la sociedad Air Comet, controlada por el grupo Marsans. Esta venta tuvo lugar en octubre de 2001 y fue posteriormente refrendada por el Consejo de Ministros. Las supuestas irregularidades constatadas en el informe de fiscalización guardan relación con unas aportaciones por importe de 300 millones de dólares (248 millones de euros) que la Sepi concedió a Interinvest, sociedad propietaria de Aerolíneas y controlada por Air Comet, para la cancelación de unos pasivos de la aerolínea argentina de bandera. Entre estos pasivos, se encontraban dos préstamos sindicados por importe de 190 millones de dólares y 27 millones de dólares con los bancos BBVA, ABN Amro y Citibank, un segundo con Repsol YPF por valor de 57,9 millones de dólares y un tercero a favor de la propia Sepi por 24 millones de dólares, además de otros de menor cuantía. En el contrato de compraventa, quedaba explícita la obligación por parte de Air Comet de destinar estas aportaciones al pago de los créditos y lo que ahora denuncia el tribunal de cuentas es que de esos 300 millones de dólares, un total de 273 millones fueron utilizados por Air Comet para la compra de esos pasivos, quedando subrogada en la posición de acreedor frente a Aerolíneas Argentinas para poder intervenir en el concurso de acreedores de esta sociedad, afirma. La Sepi consintió En este concurso, que tuvo lugar en diciembre de 2002, se aprobó una quita del 60% de las deudas de la aerolínea con el voto de Air Comet. El Tribunal de Cuentas asegura que estas operaciones se realizaron además con el consentimiento de la Sepi, que incluso vendió a Air Comet uno de sus propios créditos frente a Aerolíneas Argentinas. Fuentes del hólding público no quisieron comentar el informe al no haberlo recibido. Por otro lado, según el Tribunal, Air Comet se había comprometido a capitalizar los créditos en Aerolíneas Argentinas en un plazo determinado, habiendo expirado el plazo el 26 de junio de 2003 sin que en la actualidad se conozca si han sido aportados al capital de Aerolíneas Argentinas. Estas supuestas irregularidades que constata el organismo son similares a los hechos por los que se instruyen diligencias en el juzgado número 35 de Madrid que, de confirmarse, podrían constituir un delito de desvío de fondos públicos por parte de los propietarios del Grupo Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata. El Tribunal detecta otras anomalías en la ejecución del plan industrial de Aerolíneas, para el que la Sepi aportó 248 millones de dólares, y en el ajuste del balance, al que el hólding público destinó 205 millones de dólares.
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