Una nueva denuncia del Estado contra Aerolíneas Argentinas calentará aún más esta semana la relación del Gobierno con las privatizadas. La presentación judicial amplió las impugnaciones de los años 2003, 2004 y 2005, pero agregó una crítica a la cesión de operaciones de la aerolínea de bandera a favor de Austral, la otra integrante del grupo Marsans. Así el Gobierno tomó parte a favor de la posición que sostienen en el conflicto con Aerolíneas sus gremios de técnicos y pilotos (APTA y APLA). La presentación en el juzgado en lo Comercial N° 15, secretaría 29°, que cuenta con la firma del abogado Alberto Daniel García, en representación del Estado “en la órbita del Ministerio de Planificación”, señala que “desde la irrupción del Grupo Marsans (…), el Estado Nacional y el Programa de Propiedad Participativa han sido perjudicados (…) mediante operaciones (…) que beneficiarían a otras empresas del Grupo Marsans”. Entre otros argumentos, el Estado mencionó una supuesta pérdida de mercado: “Un indicador claro de los negocios llevados a cabo por el grupo en detrimento de Aerolíneas Argentinas y en beneficio de una empresa, en este caso vinculada –se señala- es el caso de Cielos del Sur”. También afirmó que Marsans prefirió “transferir ingresos a una compañía que le pertenece completamente desde una compañía que le pertenece mayoritariamente”. La presentación coincidió con un informe del tribunal de cuentas español de supuestas irregularidades en la venta de AA por la SEPI al Grupo Marsans. Se indicaba allí un costo de 2.000 millones de euros para el erario español, lo cual originó que el gobierno de José Rodríguez Zapatero pidiera al grupo que se alejara de la empresa. Otros afirmaron, citando fuentes empresariales, que el Gobierno argentino les había garantizado la continuidad al frente de Aerolíneas.
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