El artículo publicado el jueves de la semana pasada en esta news letter Capitalmadrid.info titulado Díaz Ferrán debe a los pilotos de Air Comet cuatro nóminas y dos extraordinarias ha provocado numerosas llamadas y envíos de correos electrónicos. Aportan nuevos datos sobre la indefensión en la que se encuentran numerosos empleados de la compañía, así como lo que ellos interpretan como presiones para no seguir adelante con su intento de organizarse sindicalmente, bajo lo que consideran amenazas de algunos ejecutivos. Pero de donde más mensajes han llegado ha sido de Chile. Ex empleados de Aerolíneas Austral Chile, la que fuera filial chilena Air Comet Chile, recuerdan que pese al silencio al que se ha sometido en España a esta noticia, están pendientes de una próxima resolución para saber si el Ministerio Público decide esta semana declarar fraudulenta la solicitud de quiebra que planteó la compañía. De ser así, los ejecutivos de Air Comet Chile podrían sufrir penas de cárcel de hasta 10 años.
Los más de 200 ex empleados de la compañía presentaron denuncia de los hechos tras presentar una quiebra en diciembre, lo que supuso que se quedaran sin recibir los sueldos de ese mes y parte de enero, además de dejarles sin indemnización alguna. Tras su denuncia el Ministerio Público dio instrucciones a la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones (PDI) para que siguiera el caso. La intervención de este último órgano se debe a las sospechas que surgieron por eventuales gestiones preparatorias de la quiebra realizada por la empresa. Estas actuaciones contravendrían el marco de la Ley de Quiebras de Chile. La Brilac tras entrevistar a antiguos ejecutivos de la empresa, debe aportar ahora los antecedentes necesarios para incorporar al caso, a través del fiscal a cargo de la investigación, Gonzalo de la Cerda.
Los indicios de quiebra preparada, que contravienen la norma chilena, se deben a los resultados de las investigaciones por parte de la Superintendencia de Quiebras, entre los que se encuentra el poco dinero existente en caja en la presentación de la quiebra. Este dato ha alertado al organismo investigador.
En el marco de la investigación los representantes legales de los trabajadores han pedido la comparecencia de varios ex ejecutivos chilenos de la compañía controlada por el grupo Marsans, dado que los ejecutivos españoles han abandonado Chile.
Entre los citados está el ex gerente de finanzas de la empresa, Rafael Santibáñez, que forma parte de una lista más amplia de ejecutivos los que serían se les pediría dar antecedentes sobre el proceso de quiebra de la aerolínea. La complejidad del caso y su dimensión internacional es la razón por la que se ha encargado de la investigación la Policía de Investigaciones.
Los afectados destacan la paradoja que supone que esta acción haya sido realizada por una empresa del presidente de la patronal española que ha venido pidiendo directa e indirectamente a los gobiernos iberoamericanos seguridad jurídica para sus inversiones. La inseguridad en la actualidad, al menos a los ex empleados, la provocaría el propia Díaz Ferrán, que no habría remunerado parte del trabajo que han realizado para su empresa.
Considerada como una quiebra millonaria, habría dejado pasivos en Chile por cerca de 37 millones de dólares, de ellos unos 3 millones supondrían la deuda a los trabajadores. El Ministerio Público deberá decidir próximamente si la insolvencia es declarada como fraudulenta. Son varios los organismos que analizan la posibilidad de solicitar que sea declarada como fraudulenta, lo que haría que los controladores arriesguen penas por hasta 10 años y un día de cárcel
Jaime Prieto Santelices, recoge en un artículo publicado en Terra Chile, las declaraciones del superintendente de Quiebras, Rodrigo Albornoz, quien le manifestaba que los ejecutivos de la compañía arriesgan altas penas que la institución, que está realizando una auditoría penal, espera que la misma esté finalizada este mismo mes de julio.
Según Albornoz hay dos actuaciones distintas. Por una parte está la querella presentada por los trabajadores y por otra está la auditoría penal realizada por la Superintendencia, analizando los libros de contabilidad, los libros financieros que dispone la empresa. Tras ello van a emitir una opinión técnica por si la situación de Air Comet entra dentro de la clasificación de quiebra fraudulenta o culpable.
Rodrigo Albornoz explicaba en Terra que la auditoria se entregará a los trabajadores de la empresa y al Ministerio Público. La decisión de las penas ocurre si es que se instruye una investigación y posteriormente el Ministerio Público, a través de sus procedimientos regulares, formaliza la quiebra como culpable y fraudulenta. Ahí pueden llegar hasta penas de cárcel de 10 años y un día, para los controladores de la empresa.
Fuente
