La importancia de la iniciativa también se centra en la búsqueda de respuestas concretas a los graves problemas que problemas que enfrentamos, como es el caso de los despidos (con contrato público, privado o de locación de servicios), uno de los puntos que se prohíben en el artículo 3 del proyecto. Esto aportaría una mayor estabilidad al sector, que viene sufriendo despidos directos o encubiertos bajo la figura de “retiro voluntario”, sumados a los intentos de precarización y flexibilización, tanto normativa como laboral.
Otro de los ejes estratégicos del proyecto es que pone freno a los cambios recientes en la política aérea y que involucra al Congreso en cuestiones referentes al control sobre la soberanía nacional y la seguridad del sistema aerocomercial. Para esto, apunta a crear una Comisión Bicameral Especial, integrada por legisladores de ambas cámaras y por una Secretaría Técnica, donde participan seis especialistas en representación de los trabajadores. El objetivo de esta entidad es constatar que los acuerdos bilaterales, memorandos de entendimiento y actas firmadas con otros Estados en el último tiempo no vayan contra la Ley 19.030, que define los términos de reciprocidad y protege a las compañías argentinas.
Como cada vez que se declara a un sector en emergencia, en el texto del proyecto se propone establecerla por 120 días corridos, con la posibilidad de renovación automática, si la comisión determina que la situación crítica persiste. Durante ese lapso, a la vez, no se pueden realizar trámites ni audiencias públicas y tampoco otorgar permisos a empresas extranjeras.
A pesar de la importancia que tiene para el sector el hecho de poder contener, revisar y a partir de allí proyectar el sistema aerocomercial nacional, la poca actividad del Parlamento dificulta todavía su tratamiento en las distintas comisiones intervinientes en el Senado.
Desde hace unos años, la unidad de los gremios que representan a la actividad ha permitido resistir frente al intento de desregular la aviación argentina en un contexto sumamente complicado, con las consecuentes problemáticas que implican para el sector: pérdida de puestos de trabajo, quiebras de compañías, proceso de extranjerización del mercado aerocomercial y caída de la industrial nacional, entre otras.
Ante este escenario, en 2016, desde APLA junto a los Sindicatos Aeronáuticos Unidos comenzamos reuniones con los distintos bloques dentro del Congreso, para debatir una política del transporte aéreo a largo plazo. Tres años más tarde, en mayo de 2019, se realiza un encuentro en el que exponemos ante diferentes comisiones de la Cámara Alta, trazando algunos lineamientos de las demandas que tiene la actividad.
Estos reclamos son tomados por la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, quien solicita a los sindicatos comenzar a trabajar articuladamente para elevar una propuesta. Así, sobre la base de largas reuniones de los equipos técnicos, surge el proyecto de ley de Emergencia aerocomercial, que recoge planteos fundamentales y se constituye como un paso más dentro de las necesidades del sector. Mas aún, sienta un precedente en la historia argentina, porque -aunque existen otras declaraciones de emergencia (decretos de 2002 y 2006)- es la primera vez que la impulsan los sindicatos en conjunto.
La importancia de la iniciativa también se centra en la búsqueda de respuestas concretas a los graves problemas que problemas que enfrentamos, como es el caso de los despidos (con contrato público, privado o de locación de servicios), uno de los puntos que se prohíben en el artículo 3 del proyecto. Esto aportaría una mayor estabilidad al sector, que viene sufriendo despidos directos o encubiertos bajo la figura de “retiro voluntario”, sumados a los intentos de precarización y flexibilización, tanto normativa como laboral.
Otro de los ejes estratégicos del proyecto es que pone freno a los cambios recientes en la política aérea y que involucra al Congreso en cuestiones referentes al control sobre la soberanía nacional y la seguridad del sistema aerocomercial. Para esto, apunta a crear una Comisión Bicameral Especial, integrada por legisladores de ambas cámaras y por una Secretaría Técnica, donde participan seis especialistas en representación de los trabajadores. El objetivo de esta entidad es constatar que los acuerdos bilaterales, memorandos de entendimiento y actas firmadas con otros Estados en el último tiempo no vayan contra la Ley 19.030, que define los términos de reciprocidad y protege a las compañías argentinas.
Como cada vez que se declara a un sector en emergencia, en el texto del proyecto se propone establecerla por 120 días corridos, con la posibilidad de renovación automática, si la comisión determina que la situación crítica persiste. Durante ese lapso, a la vez, no se pueden realizar trámites ni audiencias públicas y tampoco otorgar permisos a empresas extranjeras.
A pesar de la importancia que tiene para el sector el hecho de poder contener, revisar y a partir de allí proyectar el sistema aerocomercial nacional, la poca actividad del Parlamento dificulta todavía su tratamiento en las distintas comisiones intervinientes en el Senado.
La importancia de la iniciativa también se centra en la búsqueda de respuestas concretas a los graves problemas que problemas que enfrentamos, como es el caso de los despidos (con contrato público, privado o de locación de servicios), uno de los puntos que se prohíben en el artículo 3 del proyecto. Esto aportaría una mayor estabilidad al sector, que viene sufriendo despidos directos o encubiertos bajo la figura de “retiro voluntario”, sumados a los intentos de precarización y flexibilización, tanto normativa como laboral.
Otro de los ejes estratégicos del proyecto es que pone freno a los cambios recientes en la política aérea y que involucra al Congreso en cuestiones referentes al control sobre la soberanía nacional y la seguridad del sistema aerocomercial. Para esto, apunta a crear una Comisión Bicameral Especial, integrada por legisladores de ambas cámaras y por una Secretaría Técnica, donde participan seis especialistas en representación de los trabajadores. El objetivo de esta entidad es constatar que los acuerdos bilaterales, memorandos de entendimiento y actas firmadas con otros Estados en el último tiempo no vayan contra la Ley 19.030, que define los términos de reciprocidad y protege a las compañías argentinas.
Como cada vez que se declara a un sector en emergencia, en el texto del proyecto se propone establecerla por 120 días corridos, con la posibilidad de renovación automática, si la comisión determina que la situación crítica persiste. Durante ese lapso, a la vez, no se pueden realizar trámites ni audiencias públicas y tampoco otorgar permisos a empresas extranjeras.
A pesar de la importancia que tiene para el sector el hecho de poder contener, revisar y a partir de allí proyectar el sistema aerocomercial nacional, la poca actividad del Parlamento dificulta todavía su tratamiento en las distintas comisiones intervinientes en el Senado. 
