Desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), rechazamos el dictado del Decreto 378/25, el cual representa un significativo retroceso en los estándares de seguridad operacional de la aviación en Argentina. Esta medida improvisada ha sido impulsada sin el debido cumplimiento de los principios básicos de gestión de la seguridad operacional, ignorando así: análisis de riesgos, estudios científicos y las condiciones reales del entorno operativo nacional.
La decisión irresponsable, temeraria y peligrosa del gobierno de implementar esta normativa sin haber desarrollado previamente programas obligatorios, como políticas de gestión de la fatiga, es inadmisible.
El decreto introduce una considerable reducción en los tiempos de descanso de pilotos, que nada tiene que ver con los estándares internacionales, incluyendo el receso anual obligatorio, en un contexto en el que las condiciones operativas ya presentan una carga de trabajo elevada, infraestructura deficiente y procesos deteriorados. Este panorama incrementa la fatiga y, por lo tanto, compromete de manera directa la seguridad de las operaciones aéreas y de las personas.
En este contexto, responsabilizamos a la Secretaría de Transporte, y en consecuencia al Secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, y al Subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, por los posibles incidentes y accidentes derivados de la implementación de esta normativa, que ataca al eslabón más importante del sistema de seguridad: el factor humano.
La aviación se enmarca en un sistema complejo, donde la seguridad debe ser el principio rector, no una variable subordinada a decisiones políticas o recortes presupuestarios. Queremos advertir explícitamente sobre la gravedad de esta normativa y hacemos un llamado urgente a la reflexión para dejar sin efecto el Decreto 378/25.
Según la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) la fatiga es uno de los factores humanos clave asociados a incidentes y accidentes en el transporte aéreo.
En esa línea, llevaremos adelante todas las acciones gremiales y jurídicas, como así también presentaciones ante organismos internacionales en pos de revertir esta decisión.
Este es un reclamo en defensa por la vida y la seguridad de los tripulantes y pasajeros.
No hay margen para acciones autoritarias e irresponsables.
