La eliminación del piso tarifario en los vuelos de cabotaje anunciada por el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, marca un nuevo (y peligroso) paso hacia la desregulación de la actividad aeronáutica nacional, orientada en beneficio de determinados grupos empresarios y afectando la estabilidad de miles de fuentes laborales. Desde los primeros encuentros mantenidos con Dietrich, aún antes de asumir como máxima autoridad del área de transporte, planteamos junto a otros gremios aeronáuticos la necesidad de establecer una política aerocomercial que permita el desarrollo a largo plazo de nuestra actividad con reglas claras para todos, fomente el empleo argentino de calidad y preserve la seguridad de las operaciones. En este sentido, tal como les informamos oportunamente, Dietrich se comprometió ante nosotros a:
  • No recortar las rutas internacionales de ARSA;
  • Realizar las gestiones correspondientes con el Holding LATAM para que el grupo empresario invierta y haga crecer su filial argentina (LAN Argentina);
  • Exigir a todas las empresas extranjeras que deseen entrar en el mercado de cabotaje firmar los Convenios Colectivos de Trabajo de cada sector antes de empezar a operar y respetar la representatividad de las asociaciones sindicales existentes;
  • Respetar lo que fija la ley respecto a los acuerdos bilaterales con otros Estados;
  • No quitar las restricciones en los mínimos de las tarifas aéreas;
  • Hacer cumplir la normativa vigente que marca la matriculación de aeronaves LV y trabajadores argentinos a las compañías que operen en cabotaje.
Sin embargo, en poco más de dos años:
  • Aerolíneas Argentinas levantó la ruta a Barcelona (ahora realizada por la Low Cost Grupo IAG, Level), redujo la flota de fuselaje ancho y sigue sin definir su plan de rutas y flota de largo alcance;
  • Mientras crecen exponencialmente sus ventas en el país y sus subsidiarias de otros países incrementan las operaciones en el país, el Grupo LATAM cerró bases, redujo vuelos, despidió trabajadores y sigue sin ningún plan de renovación de flota como parte del achicamiento sistemático de LAN Argentina;
  • A seis meses de iniciar sus operaciones, Flybondi no solo no ha firmado ningún Convenio Colectivo de Trabajo sino que cortó el diálogo con todos los sindicatos aeronáuticos e intenta crear un gremio de conveniencia;
  • A través de los Acuerdos Bilaterales, se han iniciado decenas de nuevos vuelos desde el interior del país hacía el exterior sin mediar reciprocidad alguna por parte de empresas nacionales;
No hace falta agregar demasiado. Los hechos hablan por si solos y han demostrado que Dietrich incumplió, uno a uno, todos los compromisos asumidos (con la excepción temporal hasta el momento del último punto). Incluso, el Ministro fue capaz de hacer una puesta en escena convocando a dos Audiencias Públicas para el otorgamiento de rutas. Así intentaron demostrar un marco legal a la apertura indiscriminada del mercado otorgando rutas a actores que era evidente que nunca comenzarían una operación en el país. Todo ello para que las concesiones que les otorgaba Dietrich terminen siendo vendidas a empresas internacionales como recientemente con la venta de Alas del Sur a Jetsmart (del Grupo Low Cost integrado por Frontier (EE.UU.), Volaris (México) y Wizz Air (Unión Europea)) en contra de las palabras del propio “Guillo” quien dijo que no permitiría que se vendan permisos. Ahora fue el turno de las tarifas mínimas en una maniobra del Gobierno para beneficiar a las empresas de capitales extranjeros obedeciendo a sus requerimientos, tal como lo celebraran públicamente Norwegian y Flybondi. Dicha medida, en combinación con la devaluación de nuestra moneda local, le permite a estas compañías llevar adelante una política de dumping y competencia desleal que irremediablemente terminará en la concentración del mercado. En vez de proteger la industria argentina, la eliminación del piso tarifario va en claro desmedro de las empresas nacionales que tienen un tamaño y una “espalda financiera” mucho menor que estos grupos transnacionales, que respetan las condiciones laborales establecidas en los Convenios Colectivos de Trabajo mientras los nuevos competidores no lo hacen y traen al país las peores prácticas de la industria, que por un rol federal vuelan a destinos que no siempre son rentables, y que en algunos casos recién están comenzado a crecer o necesitan tiempo para adaptarse a los cambios. La eliminación de la injerencia estatal en las tarifas forma parte de un plan integral que, bajo el eufemismo de “La Revolución de los Aviones”, busca avanzar en la desregulación de la actividad. Al mismo tiempo, socavan los controles por parte de la autoridad aeronáutica y modifican normativas para hacerlas más “amigable” a los intereses de las empresas. En este marco, no pueden sorprendernos los intentos de desindicalizar a los trabajadores aeronáuticos, habida cuenta que somos la última barrera que tienen antes de flexibilizar absolutamente la aviación en el país, de que cualquier empresa pueda operar en el mercado interno sin necesidad de radicarse en la Argentina, sin matricular aeronaves acá, sin contratar pilotos argentinos, sin control estatal, y sin ningún tipo de restricciones como piden los nuevos actores del mercado en otras partes del mundo. Si a la falta de control del Estado y a las falencias en infraestructura le sumamos ahora una guerra de tarifas, no hace falta siquiera explicar que en el estado actual del sistema aerocomercial las únicas posibilidades para que las empresas sean viables económicamente son que el Estado (Nacional, Provincial o Municipal) otorguen subsidios, o degradar las condiciones laborales y la seguridad. Por lo expuesto desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) nos declaramos en Estado de Alerta en defensa de la fuente laboral de los Trabajadores Aeronáuticos y nuestras condiciones laborales, por lo que seguiremos llevando adelante las medias políticas y sindicales que se requieran.

COMISIÓN DIRECTIVA

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